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Asociación Americana de Derecho Internacional Privado

Jurisprudencia uruguaya en materia de contratos internacionales

Cecilia FRESNEDO DE AGUIRRE

Sumario: I. Contrato de transporte de pasajeros. Excepción de incompetencia o falta de jurisdicción. II. Contrato de agencia, representación y distribución. Contrato de compraventa o suministro. Cláusula compromisoria. Excepción de falta de jurisdicción. III. Contrato de préstamo otorgado en Argentina con garantía real otorgada en Uruguay. Proceso concursal en Argentina. IV. Contrato de cuenta corriente bancaria: jurisdicción competente y ley aplicable. V. Contrato de compraventa internacional de mercaderías. VI. Contrato de trabajo. Jurisdicción competente.

I. Contrato de transporte de pasajeros. Excepción de incompetencia o falta de jurisdicción

En un caso derivado de un contrato de transporte de pasajeros ida y vuelta Montevideo – Buenos Aires – Montevideo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno (Larrieux, Tobía, Turell), en sentencia nº 31 de 15 de marzo de 2000 confirmó la de primera instancia que había desestimado la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada en base a una cláusula impresa al dorso de los boletos o pasajes, que decía: “… MUY IMPORTANTE, Señor pasajero le agradecemos recordar que (entre otras) COMPETENCIAS: Expresamente se pacta la competencia de los Tribunales y Juzgados de la Capital Federal de la República Argentina para toda controversia judicial que se origine como consecuencia del contrato de transporte pactado…”
Afirma el Tribunal que
“la Sala participa del entendimiento de que las denominadas “cláusulas de jurisdicción”, “cláusulas compromisorias” o “pactos de elección de foro”, contravienen nuestro derecho positivo vigente que adopta como principio general el llamado “criterio Asser” para determinar la competencia jurisdiccional internacional en forma de solución preceptiva establecida por el legislador que no puede ser modificada por la voluntad de las partes, en tanto la competencia internacional se determina por razones superiores a la voluntad de las partes comprometidas en una relación jurídica (arts. 2401, 2403 y conc. CC; art. 56 de los Tratados de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940; etc; Fresnedo de Aguirre, en Revista Judicatura, Nº 34, p. 291 y ss; Aguirre Ramírez, en Rev. de Transporte y Seguros, Nº 11, p. 172 y ss). Y en todo caso, porque la existencia de cláusulas del tipo impresas al dorso de los boletos o pasajes no implica consentimiento automático del consumidor, manifestación de voluntad que reclama de ser expresada en forma diferencial, para evitar que se transformen en simples abusos de la posición dominante de una de las partes que acaba imponiéndolas a su cocontratante en forma unilateral (Rev. de Transporte …, op. cit, Nº 1, p. 35 y ss; Nº 5, p. 108 y ss; Aguirre Ramírez, en op. cit, p. 170 y ss; etc). Sin perjuicio de anotarse, que la evolución en materia de jurisdicción internacional ocurrida con la entrada en vigencia del Mercosur, reconociendo la autonomía de las partes para escoger el foro ante el cual habrán de dirimir sus controversias, no contempla el tipo de contratos (transporte) cuyo incumplimiento se debate sublite (Hargain, en Rev. Judicatura, Nº 38, p. 161 y ss). Ahora bien, y en lo concreto, la ley del Estado del cumplimiento es la que gobierna el acto jurídico y a los jueces de este Estado corresponde conocer de los juicios a que da lugar la respectiva relación internacional (arts. 2399, 2401, y conc. CC; arts. 33 y ss; 37 y ss de los Tratados de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940 respectivamente; art. 14 del Tratado de Der. Comercial Terrestre Internacional de 1940; arts. 26, 27 del Tratado de Navegación comercial Internacional de 1940; etc).
Y en hipótesis de transporte ida y vuelta como el que nos ocupa, la obligación del transportador es de resultado; llevar al pasajero y traerlo de retorno al lugar de origen del transporte, con lo cual, el contrato produce efectos internacionales que concluyen con el retorno del pasajero al lugar de origen, en el caso el Uruguay, lo que determina que corresponda a los jueces nacionales conocer del proceso en análisis (arts. 34 lit. b) y 38 lit. b) de los Tratados de Der. Civil Internacional de 1889 y 1940 respectivamente; art. 17 del Tratado de Der. Comercial Terrestre Internacional de 1940; art. 26, 27 del Tratado de Navegación Comercial Internacional de 1940, etc.; Opertti Badán, en Revista de Transporte …, op. cit., Nº 10, p. 94 y ss).”

II. Contrato de agencia, representación y distribución. Contrato de compraventa o suministro. Cláusula compromisoria. Excepción de falta de jurisdicción

En el caso “Limonta Floor Cover¬ings S.P.A. contra Deportes S.R.L. Cobro de marcos alemanes “, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno (Sassón, Chediak, Sosa –r-) confirmó la sentencia de primera instancia que no hizo lugar a la excepción de falta de jurisdicción de los tribunales uruguayos, por los motivos que se analizan a continuación .
La sociedad uruguaya Deportes SRL compraba césped sintético a la sociedad comercial italiana Limonta Floor Cover¬ings S.P.A., a través de la empresa alemana Pro M Sportboden Service GMBH. La operativa era que frente a cada pedido de Deportes, Pro M encargaba la fabricación del césped sintético a Limonta que lo vendía a Pro M; a su vez existía un contrato de exclusividad para la venta de la marca Pro M en Uruguay y Brasil entre Pro M y Deportes.
A efectos de saldar la deuda que Pro M acumuló con Limonta por compras efectuadas en las relaciones comerciales preindicadas, dichas empresas suscribieron dos acuerdos; por el primero se dejó sin efecto el contrato de venta y Pro M transfería a favor de Limonta sus derechos sobre los conocimientos de embarque de la mercadería existente en Montevideo, endosándolos a favor de su parte; por el segundo, se determinó la cesión a Limonta por parte de Pro M de los créditos que tenía contra la empresa uruguaya Deportes. Como consecuencia de dichos acuerdos, el pago de la mercadería debía ser efectuado por Deportes a Limonta; para el futuro, la idea era continuar con la misma corriente comercial por medio de nuevos y sucesivos contratos de venta de mercadería directamente de Limonta a Deportes.
Frente al reclamo por el pago adeudado presentado por Limonta contra Deportes en sede judicial uruguaya, Deportes comparece oponiendo excepción de incompetencia fundada en que, al invocar Limonta su calidad de cesionaria, “está obligada por las circunstancias especiales pactadas en el contrato que liga a las partes originales y según resulta del contrato de agencia, representación y distribución, Pro M y su parte pactaron que las controversias o disputas que surgieran entre las mismas (cláusula undécima) serían solucionadas por vía del arbitraje según las reglas de conciliación y arbitraje de la American Association de San Francisco, California, USA; por lo tanto, tal disposición convencional, constituye una cláusula compromisoria de acuerdo con lo previsto por el art. 475 del CGP y supone la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria las pretensiones correspondientes, que deberán ser sometidas a decisión de los árbitros pertinentes.”
El Tribunal consideró que los argumentos del demandado (Deportes) no son de recibo ya que siendo el procedimiento arbitral un mecanismo excepcional, que sustrae el litigio del conocimiento de los tribunales ordinarios, “debe ser interpretado en términos estrictos y no se debe complementar la voluntad de las partes, en cuanto está expresada para acotar su acceso a los órganos jurisdiccionales. El Tribunal tiene ya jurisprudencia (sent. 305/88 RUDP 3/89 c. 428) donde ha dicho que el arbitraje debe interpretarse en sentido restrictivo exclusivamente a los casos clara y específicamente establecidos y/o pactados (en igual sentido el similar de 6°. Turno sent. 19 de 1997 ).” Además, debe distinguirse el acuerdo de agencia o representación, de él o los contratos de compraventa o suministro, categoría donde hay prestaciones periódicas o continuadas de bienes entendiendo que la continuidad y la periodicidad de la prestación son características esenciales de ese contrato.
Concluye el Tribunal afirmando que “la doctrina es unánime en el sentido de que una cláusula compromisoria que forma parte de un contrato y que disponga la celebración del arbitraje, se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato, hasta puede declararse nulo ese contrato y tal extremo no entraña ipso iure la invalidez de la cláusula compromisoria.”
Se comparte la decisión del Tribunal, por cuanto el acuerdo arbitral debe ser expresamente pactado y consentido por las partes involucradas. No corresponde atribuir una voluntad o consentimiento ficto a alguna de las partes, y menos a terceros. Ello surge claramente de los textos vigentes en la materia y ha sido interpretado así por nuestra jurisprudencia mayoritaria .

III. Contrato de préstamo otorgado en Argentina con garantía real otorgada en Uruguay. Proceso concursal en Argentina

En el caso se plantea en sede uruguaya la ejecución hipotecaria de un inmueble ubicado en Maldonado (Uruguay) , que fuera gravado con hipoteca en garantía de un crédito preexistente, que representa el saldo de precio de una compraventa de acciones correspondientes a dos sociedades anónimas domiciliadas en Argentina.
No habiéndose opuesto excepciones y estando en curso la vía de apremio, compareció el ejecutado denunciando que ha promovido un concurso civil en la República Argentina y esto determina que la ejecución deba sus¬pen¬derse hasta que se solicite la verificación del crédito, señalando además su conversión a moneda nacional argentina.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno (Salvo, Castro –r-, Vázquez) entendió que “si bien se trata de una garantía real constituida en Uruguay sobre un bien situado en el territorio nacional, es claro esa garantía accede a un crédito extranjero, que fue contraído y debe ser pagado -a falta de pacto expreso sobre otro lugar de cumplimiento- en el domicilio del deudor, en la República Argentina.”
“Esa circunstancia hace aplicables las normas de Derecho Internacional Privado vigentes, que resulta ser el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, de acuerdo con el cual “los contratos accesorios se rigen por la ley del contrato principal” (art. 41) y el contrato principal, por el que se contrajo la obligación de dar cosa fungible (dinero), queda regido por la ley del domicilio del deudor al tiempo de su celebración (arts. 37 y 38).”
“Por consiguiente y de acuerdo con las reglas vigentes, aunque la hipoteca haya sido constituida en nuestro país, el crédito que ella garantiza se regula por el Derecho Argentino, de modo que, aunque pueda promoverse la ejecución hipotecaria ante la justicia nacional (art. 64) y para ello deban seguirse las normas procesales uruguayas (Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 1940 art. 1), dicho crédito no ha quedado sujeto al Derecho Uruguayo sino que resulta alcanzado por las normas dictadas por la República Argentina y, en particular, por el concurso civil que el deudor ha promovido ante sus jueces (cf. Boggiano, Antonio: Derecho Internacional Privado, Ed. Depalma, B. Aires 1978, p. 880; Roullion, Adolfo: “Reglas de Derecho Internacional Privado, privilegios concursales y tratamiento de los créditos locales y extranjeros según el régimen de la ley de Concursos Nº 19551″ en Rev. Derecho y Empresa Nº 3 (1995).”
El Tribunal entendió también que, “de acuerdo con las normas sobre procesos concursales de la República Argentina, según la ley Nº 24522 art. 21 inc. 2, los acreedores que gozan de garantías reales no quedan alcanzados por el fuero de atracción del concurso (Granados: “Efectos de la apertura del concurso preventivo” en Rev. Derecho y Empresa Nº 4, 1995, p. 69) pero las ejecuciones quedan suspendidas hasta que se formalice el pedido de verificación, tal como dispusiera la ley Nº 22197, superando la discusión suscitada bajo la vigencia de la anterior ley Nº 19551 (cf. Palacio, L.: Manual de Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1968, tomo II p. 367; Rubin, Miguel: “Las ideas de Cámara y el proceso de reforma de la ley de Concursos” en Rev. Derecho y Empresa Nº 4, 1995, p. 54; Richard, Efrain: “En torno a la concursalidad en la nueva ley de concursos” Rev. de Derecho Privado y Comunitario Nº 10, 1996, p. 71 y 102).”
El Tribunal concluyó que la suspensión de la ejecución se impone como consecuencia del hecho nuevo que denuncia el ejecutado, que acredita el exhorto recibido por la Sede (la apertura de un proceso concursal preventivo que alcanza al crédito ga¬ran¬tido con la hipoteca que se ejecuta).
Cabe señalar que la interpretación que efectúa el Tribunal con respecto a las normas en materia de contratos en general y de contratos accesorios en particular no es de aceptación unánime en la doctrina nacional. González Lapeyre ha sostenido que los contratos de garantía que crean derechos reales, como la hipoteca, deben calificarse dentro del alcance extensivo de la categoría bienes y regirse en consecuencia por la ley del lugar de su situación (art. 32 del Tratado de 1940) y no en la categoría más general contratos accesorios (art. 41 del mismo), dentro de la cual sí caben los contratos de garantía que sólo creen derechos personales .

IV. Contrato de cuenta corriente bancaria: jurisdicción competente y ley aplicable

En el caso se discute la competencia jurisdiccional de los tribunales uruguayos para decretar una medida cautelar, con relación a un contrato de cuenta corriente bancaria. En primera instancia la Sede se declaró incompetente, decisión que fue revocada por el Tribunal en segunda instancia.
Argumentó el Tribunal que lo que caracteriza el contrato de cuenta corriente es el servicio bancario, el cual se relaciona con la sede del banco, aun cuando éste realice alguna gestión fuera de su domicilio. “El domicilio del deudor de la prestación más característica es el lugar de cumplimiento (y es de aplicación el artículo 38 inciso b del Tratado de 1940, o en su caso, el correlativo artículo 34 inciso b del Tratado de 1889 -”Rev. Judicatura” Nº 34 pág. 234-).”

V. Contrato de compraventa internacional de mercaderías

En el caso se produce un incumplimiento de contrato de compraventa de mercaderías por no pago del precio de las mismas. Cristalerías del Uruguay demanda a Telestar S.A. y ésta plantea reconvención contra Coca Cola. En primera instancia la Sede resuelve amparar los efectos imperativos de la sentencia extranjera (dictada en Brasil) traída a la causa y en su mérito, ordena que la pretensión deducida por el citante Telestar S.A.) contra el tercero citado (Coca Cola) deberá dilucidarse ante la jurisdicción brasileña, cuya asunción de competencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
En segunda instancia, el Tribunal confirma la decisión de primera instancia, y sostiene la incompetencia de la justicia uruguaya para entender en la pretensión deducida por Telestar S.A. contra Coca Cola Industrias Ltda.
Con respecto a la normativa de Derecho internacional privado aplicable y a la interpretación de dichas normas, el Tribunal argumentó lo siguiente:
“Tratándose de un caso de responsabilidad contractual, priva la solución prevista en el art. 2399 del Código Civil, como así también en los arts. 32 y 37 de los Tratados de 1889 y 1940, normas que adoptan una solución territorial, consagrando como régimen general el de la lex loci solutionis, esto es la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse, que regirá también todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea, como reza en su literal final el art. 33.”
“Y es que los Tratados de Montevideo, en especial el de 1889, que se adhieren a la teoría del Savigny, declaran aplicable a los contratos la ley del lugar donde deben cumplirse y sólo en el caso que no lo tengan determinado expresamente, se acude a un sistema analítico, el cual mediante el empleo de normas subsidiarias, determina el lugar de cumplimiento de las distintas categorías de contratos (Cf. Berta K. de Orchansky: Manual de Derecho Internacional, 1976 pág. 389/92).”
“En el ocurrente, no cabe duda que la obligación entre Telestar S.A. y Coca Cola Ind. Ltda., debía cumplirse en el Brasil, porque no en otro lugar se debían entregar las mini botellas de Fanta, aun cuando fueran fabricadas en Uruguay.”
“El hecho de que la mercadería se debía entregar en el Brasil y el pago del precio en nuestro país, no altera lo expuesto, pues para determinar el lugar de ejecución del contrato se debe considerar dónde se debe ejecutar la obligación típica, esto es, “la obligación característica, que le comunica al contrato su fisonomía jurídica. Así, en el contrato de compra-venta, basta comparar el pago del precio con la entrega del bien para comprender que esta última es la obligación típica sobre la cual gira la operación” (Quintín Alfonsín: Régimen Internacional de los Contratos, Ed. 1950 pág. 79).”
“Los argumentos expuestos por Telestar S.A. en su expresión de agravios tendientes a demostrar que de acuerdo al Tratado correspondería entender a los Tribunales uruguayos en el conflicto con Coca Cola Ind. Ltda., no son de recibo, en tanto, los artículos complementarios a los citados, establecen un régimen subsidiario para aquellos contratos cuya ejecución no puede ser localizada (op. cit. pág. 104).”
Con respecto a la fuente de derecho internacional privado aplicable al caso cabe señalar que la Convención sobre compraventa internacional de mercaderías (Viena, 1980) había sido aprobada en Uruguay por ley nº 16.879 de 21/10/97 y ratificada recién el 25/1/99, por lo que había entrado en vigor en el país el 1 de febrero de 2000. No obstante, el Tribunal no se plantea el problema de la identificación de las fuentes normativas aplicables, sino que va directamente a la norma de derecho internacional privado de fuente interna (art. 2399 CC). Luego hace una referencia imprecisa técnicamente a los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, cuando la referencia que hace el art. 2399 a “los arts. 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889” es muy clara.
Más grave aún resulta la interpretación del punto de conexión “lugar de cumplimiento” que realiza el Tribunal, la cual se aparta del tenor literal de la norma y de la doctrina nacional más recibida. Lo primero, porque el art. 2399 establece claramente que el lugar de cumplimiento debe determinarse “de conformidad… con las reglas de interpretación contenidas en los arts. 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889”. Y lo segundo, porque formula referencias parciales a la obra del maestro uruguayo Alfonsín, lo que lo lleva a conclusiones diferentes a las planteadas por éste en su obra citada por el Tribunal . Las reglas de interpretación referidas son preceptivas y están basadas en presunciones . Ello se debe, como claramente concluye Alfonsín , a que “el sistema de la lex loci solutionis no puede aplicarse automáticamente a todos los contratos; para conocer el lugar de ejecución es preciso, en efecto, penetrar la naturaleza jurídica de cada tipo de contratos a fin de discernir la obligación típica de cada cual.” Pero –y esto es lo que no tuvo en cuenta el Tribunal en el fallo comentado –, “esta labor no se puede realizar (…) libremente, sino con el auxilio de una lista de presunciones que nos señale preceptivamente el lugar de ejecución de cada tipo de contratos. Se sobrentiende que esta lista, anexa al principio general, es la que en definitiva designa la ley aplicable al contrato, y la que en definitiva designa la ley aplicable en cada caso.”
Entendemos que la interpretación que hace Alfonsín de las normas vigentes del Apéndice del Código Civil y de los Tratados de Montevideo es la correcta, más allá del juicio de valor que de ella se pueda hacer . Es lo que establecen las normas. El propio Alfonsín reconoce que la ley del domicilio del deudor, utilizada como presunción en varias hipótesis del art. 34 del Tratado de 1889 (y en el art. 38 del Tratado de 1940), como la de compraventa de cosa de género en el caso que se comenta, “aun cuando se aplica a título de lex loci solutionis, no es la ley del lugar donde efectivamente se ejecuta la obligación típica.” Y comenta al respecto: “De todos modos, los inconvenientes son de pequeña entidad comparados con la utilidad satisfactoria del Tratado…”
Por todo lo expuesto, entendemos que en el contrato de compraventa que se comenta, el punto de conexión lugar de cumplimiento se realizaba en Uruguay, por ser aquí el domicilio del deudor de la obligación típica, es decir, de quien debía entregar la mercadería (art. 2399 CC y art. 34 inciso 2º del Tratado de 1889 remitido por aquel), y no en Brasil, lugar donde la mercadería debía entregarse.

VI. Contrato de trabajo. Jurisdicción competente

En el caso, C.F., A. reclama contra el Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) el cobro de licencia, salario vacacional, aguinaldo y otros ante los tribunales uruguayos. El juez de primera instancia declaró competentes a los tribunales uruguayos . El Tribunal de segunda instancia revoca la recurrida y en su lugar declara incompetente la Sede por falta de jurisdicción de los Tribunales nacionales para conocer en la pretensión deducida . La Suprema Corte de Justicia (Parga, Cairoli –r-, Guillot, Van Rompaey, Gutiérrez), en sentencia nº 103 del 19 de marzo de 2003 , por unanimidad, casa la sentencia impugnada y “declara que el conocimiento de la causa corresponde a la jurisdicción nacional”, por los fundamentos que se desarrollan a continuación.
El reclamante trabajó para el Estado Ministerio de Relaciones Exteriores- en forma ininterrumpida desde 1970 hasta 1998, en distintas tareas, lugares y países, siendo su último destino en la Embajada Uruguaya en Londres.
La acción planteada tiene naturaleza personal de carácter patrimonial, e involucra a un nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo domicilio se encuentra obviamente en Uruguay, y las tareas cumplidas por el actor eran en el exterior. “No existiendo normas convencionales de distribución de la competencia internacional, esto es, en ausencia de tratados internacionales, resultan de aplicación las normas de Derecho Privado Internacional contenidas en el apéndice del Código Civil (arts. 2393 a 2405)”, afirma la SCJ.
Conforme al art. 2401 del CC, afirma la Corte, son competentes los jueces del Estado “a cuya ley corresponde el conocimiento de tales relaciones”, vinculando de esa manera la jurisdicción con la ley aplicable (siguiendo el que se ha llamado “criterio Asser”). Asimismo, en el segundo párrafo de la disposición se prevé una opción para el actor, quien también puede ejercer la acción ante los jueces del domicilio del demandado. Dado que el demandante optó por ejercer la acción ante los jueces del país del domicilio del demandado (que obviamente es Montevideo), resulta incuestionable que de conformidad con lo dispuesto por la segunda parte del art. 2401 del Código Civil los tribunales uruguayos poseen jurisdicción sobre el presente asunto .

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